La adaptación al cambio climático es una tarea de todas las personas y organizaciones: el Estado, el sector privado, la academia, los gobiernos locales, las comunidades y la sociedad civil.
Así la adaptación se incluye tanto en los Instrumentos de política de Largo, Mediano y Corto plazo:
Además, la ley exige que la Evaluación Ambiental de Proyectos y la Evaluación Ambiental Estratégica integre el cambio climático y en particular la adaptación.
Es la hoja de ruta que guía a Chile hasta el año 2050 para enfrentar el cambio climático. Establece metas claras para ser un país carbono neutral y resiliente al clima, asegurando un desarrollo sostenible en el tiempo.
Es el compromiso que Chile hace ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París. Establece metas concretas a 10 años, para reducir emisiones y adaptarnos al cambio climático. Se actualiza cada cinco años.
Guía las acciones para que Chile se adapte a los efectos del cambio climático. Su objetivo es reducir nuestra vulnerabilidad, aumentando la capacidad adaptación del país, para reducir los impactos negativos. Este plan coordina el trabajo de ministerios, regiones y municipios para integrar la adaptación en todas las decisiones públicas.
La ley establece que trece (13) sectores debe tener su propio plan de adaptación al cambio climático (Biodiversidad, Ciudades, Energía, Infraestructura, Minería, Pesca y Acuicultura, Recursos Hídricos, Salud, Silvoagropecuario, Transportes, Turismo y Zona Costera). Estos planes identifican los riesgos específicos del sector y proponen acciones concretas para proteger a las personas y los recursos.
Cada región debe elaborar su propio plan de acción climático, que incluye medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático según sus realidades locales. Son elaborados por los Gobiernos Regionales, con apoyo técnico recogiendo los lineamientos y orientaciones de los instrumentos nacionales, sectoriales y del Plan Nacional de Adaptación y una amplia participación ciudadana, permitiendo actuar de forma más cercana y efectiva en cada territorio.
Buscan que las municipalidades planifiquen e implementen medidas de adaptación a los efectos del cambio climático y acciones de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de su territorio comunal, siguiendo los lineamientos y orientaciones de los otros instrumentos de alcance nacional, regional y sectorial.
Proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el recurso hídrico, con el fin de resguardar la seguridad hídrica. Buscan identificar las brechas hídricas de agua superficial y subterránea, establecer el balance hídrico y sus proyecciones, diagnosticar el estado de información sobre cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico.
Su objetivo es reducir la vulnerabilidad climática ante inundaciones, deslizamientos y flujos de lodo en tres ciudades costeras: Antofagasta y Taltal (Chile) y Esmeraldas (Ecuador). La iniciativa ha fortalecido las capacidades de adaptación de los gobiernos locales y comunidades, integrando una perspectiva de género. En el marco de este proyecto se construyó la primera fase de la infraestructura de control aluvional de la quebrada de Bonilla (Antofagasta) y se instaló un sistemas de alerta temprana con nuevas estaciones de monitoreo.
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Se implementó en cuatro caletas pesqueras: Riquelme (Región de Tarapacá), Tongoy (Región de Coquimbo), Coliumo (Región de Biobío) y El Manzano-Hualaihué (Región de Los Lagos). El proyecto aumentó las capacidades institucionales públicas y la capacidad de adaptación de la pesca artesanal y la acuicultura de las comunidades al potenciar las acciones de adaptación, junto con haber fortalecido el conocimiento y sensibilización sobre el cambio climático en las comunidades pesqueras y acuícolas, con el fin de integrar a la comunidad al proceso de adaptación de la pesca y la acuicultura.
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